Los colombianos, especialmente los que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, gastan una buena parte de sus ingresos en el pago del arriendo. Por esta razón, el gobierno, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, ha dispuesto una serie de alivios para arrendatarios durante la cuarentena que estamos viviendo por el Coronavirus.
En Rapicredit despejamos todas tus dudas sobre esta medida de contingencia implementada en Colombia para enfrentar las consecuencias generadas por el COVID-19. Conoce todo sobre el pago de arriendos en este período.
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Tal como lo menciona el diario El Tiempo, más del 80% de los arrendatarios en Colombia pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Justo esta población es la que más se ha visto afectada económicamente por la cuarentena.
Al no poder salir a desarrollar sus actividades laborales con normalidad, sus ingresos se han reducido drásticamente; por lo que no tienen solvencia económica para cubrir gastos fijos como el de alimentación, servicios públicos y vivienda.
Frente a esto, el gobierno ha tomado medidas para tratar de aliviar la situación financiera de los millones de colombianos que no cuentan con el dinero suficiente para pagar sus arriendos. Principalmente, el mandato se enfoca en prorrogar los pagos de arriendo de forma consensuada entre el arrendatario y el arrendador.
Con esto se deja claro que no se trata de no pagar el arriendo, sino de una negociación o financiación del pago de éste; de manera que ninguna de las partes se vea perjudicada.
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Dentro del decreto se prohíbe el desalojo de las personas que no tengan cómo pagar el arriendo durante el tiempo que dure la cuarentena, más dos meses adicionales; con la intención de ayudar a los colombianos a superar la emergencia económica de forma progresiva. Así lo manifestó el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, en una publicación. Conócela aquí.
Asimismo, el Ministro de Vivienda anunció que no se podrán realizar aumentos en los cánones de arrendamiento estipulados en los contratos realizados, desde el mes de abril y los 2 meses siguientes. Esto aplicaría tanto para los arrendamientos de vivienda como de locales comerciales.
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El gobierno ha sido enfático en que los alivios para arrendatarios no son para dejar de pagar el arriendo. Lo ideal es que los colombianos que puedan seguir pagando lo hagan, también pensando en que muchos de los arrendadores dependen en gran parte del ingreso que reciben por el arriendo de sus inmuebles.
Por otro lado, dejar de pagar, más cuando hay un contrato de por medio, puede acarrear demandas legales y afectaciones en la estabilidad económica, así como en la financiera de las personas o familias que caigan en mora, después del tiempo indicado por el gobierno.
No obstante, considerando a las familias y personas que realmente están siendo afectadas y que no tienen la capacidad de pago por la contingencia, se puede llegar a acuerdos viables.
Para afrontar esta situación, tratando que las dos partes, tanto arrendatario como arrendador, puedan sobrellevar esta situación en condiciones equitativas, es pertinente tener en cuenta algunos tips de negociación:
Plantea a tu arrendatario un pago parcial del canon de arriendo durante los meses que se extienda la emergencia económica; con el compromiso de volver a pagar el monto total a penas termine la crisis.
El monto pendiente de los pagos de esos meses se puede diferir en el tiempo restante del contrato o ser pagado de contado al final del mismo.
En vez de pagar una parte del arriendo, durante los meses indicados por la medida, podrías acordar no pagar en este periodo de tiempo, con el compromiso de realizar el pago total de la obligación al final de este.
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Cuando tu contrato de arrendamiento está en la fase final o de renovación, puedes “jugar” con el aumento habitual del canon correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC); siendo este indicador una herramienta de negociación que puede resultar ventajosa para el arrendador y una salida para ti en el caso de presentar la necesidad.
Hasta el momento se presentan controversias sobre lo beneficiosas que son estas medidas de contingencia presentadas por el gobierno.
Existen quienes piensan que esto solo genera más deudas a futuro para los colombianos; quienes de todos modos tendrán que sacar de su bolsillo el dinero necesario para hacer frente a sus obligaciones financieras y que, por tanto, no ven un apoyo real y práctico por parte del estado.
Además, existe mucha incertidumbre y dudas sobre las ordenanzas del gobierno; pues hasta la fecha, no existe ninguna herramienta legal que obligue al arrendador a no cobrar el arriendo durante el tiempo de emergencia económica.
En la otra cara de la moneda tenemos los casos de los arrendadores que dependen del ingreso de los arriendos para sus gastos fijos. Para ellos, medidas como la prórroga o renovación automática del contrato de arrendamiento no representa ninguna ventaja.
Esto es porque se les obliga a mantener a una persona o familia que no pueda cancelar el arriendo en su inmueble; quitándoles la oportunidad de entregarlo en renta a alguien que sí pueda cumplir con la obligación financiera.
Volviendo a los arrendatarios, para algunos sería más viable que les anulen el contrato para buscar un lugar para vivir con un valor a pagar más asequible para su situación económica actual.
Por lo tanto, la renovación automática de los contratos de arrendamiento, establecida por el gobierno, repercute en quienes dejaron de tener los recursos necesarios para el pago de sus gastos de arriendo. La recomendación será el diálogo con el arrendador, para buscar una forma de disolver en buenos términos el contrato o estructurar un plan de pagos a futuro.
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Los alivios para arrendatarios establecidos por el gobierno colombiano deberían ser tomados con cautela. Utiliza estas medidas a tu favor solo en casos extremos, en los que realmente no encuentres la manera de pagar el arriendo.
Esto es porque los beneficios a corto plazo que se pueden obtener con la prórroga y refinanciamiento del valor del arriendo; la renovación automática del contrato y el congelamiento de cánones, no compensan los riesgos legales que pueden surgir, a largo plazo, de postergar esta obligación financiera y no poder cumplir con la misma.
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